La Ley de Protección y Comunicación de Ciberinteligencia, conocida como CISPA, permite al Gobierno que pueda compartir información secreta con el sector privado para ayudarle a incrementar la seguridad de sus redes ante posibles ataques y, a cambio, facilita a las empresas el intercambio de sus datos sobre ciberataques con la Administración, sin tener que responder legalmente por violaciones de la privacidad de sus titulares, si se demuestra que lo hicieron de buena fe.
